En Conexión Guayacán, el abogado analizó las diferencias de interpretación sobre la reducción de penas y la aplicación de las restricciones incorporadas en 2022. Además, planteó que el debate debe considerar tanto los antecedentes técnicos como la responsabilidad política de las autoridades
¿Qué criterios deben aplicarse para conceder una rebaja de condena en Chile? Esa fue una de las preguntas que abordó el abogado Raúl Castillo en Conexión Guayacán, durante una conversación sobre los requisitos del beneficio, las interpretaciones judiciales y el papel del Ministerio de Justicia.
El profesional sostuvo que el sistema necesita criterios previsibles para quienes deben resolver estas solicitudes y para las personas que cumplen una pena.
“He echado de menos hace mucho tiempo en Chile directrices que signifiquen que, en definitiva, uno sepa a qué atenerse”, expresó. Su planteamiento apuntó a contar con “reglas claras, precisas, concretas, determinadas”.
Rebaja de condena: una evaluación que requiere antecedentes
Durante la entrevista, Castillo explicó que la reducción de condena contempla una evaluación del comportamiento de la persona privada de libertad y la revisión de antecedentes por una comisión.
En ese contexto, destacó la importancia de los informes sociales y psicológicos para examinar las solicitudes.
La Ley N.º 21.421, publicada en 2022, estableció que la comisión debe considerar los informes elaborados previamente para postulaciones a beneficios intrapenitenciarios o libertad condicional. Si no existen, debe solicitar documentos preparados especialmente por profesionales de Gendarmería de Chile.
El abogado subrayó que, por lo tanto, el procedimiento no debe entenderse como la simple presentación de una solicitud: requiere examinar antecedentes que fundamenten la decisión.
La controversia por las restricciones incorporadas en 2022
Uno de los principales puntos abordados fue la aplicación temporal de la reforma de 2022, que incorporó exclusiones al beneficio para determinados delitos sexuales contra personas menores de edad.
Según explicó Castillo, la discusión jurídica se relaciona con la naturaleza de la reducción de condena y con la posibilidad de aplicar restricciones posteriores a situaciones anteriores a la modificación legal.
El entrevistado sostuvo que las diferencias de interpretación judicial generan incertidumbre. A su juicio, quienes se encuentran en situaciones equivalentes deberían contar con criterios suficientemente claros para comprender qué requisitos les serán exigidos.
Estas observaciones corresponden al análisis del abogado durante la entrevista y no constituyen una resolución sobre la legalidad de casos particulares.
Responsabilidad jurídica y política en el otorgamiento de beneficios
Castillo también planteó que el debate sobre la actuación de las autoridades tiene una dimensión política, además de la discusión estrictamente jurídica.
El profesional cuestionó la respuesta del Ejecutivo y sostuvo que los antecedentes disponibles y las distintas interpretaciones deben ser examinados al momento de adoptar decisiones.
Asimismo, explicó que los tribunales pueden intervenir cuando una negativa al beneficio es impugnada mediante un recurso de amparo. Desde su perspectiva, esa vía permite someter la controversia a una decisión judicial.
Ministerio de Justicia anunció suspensión y cambios legales
Como contexto de esta discusión, el 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condena y medidas legislativas para restringir el acceso de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según informó la cartera, las propuestas consideran cambios al procedimiento, reglas sobre su aplicación temporal y mecanismos para garantizar que las víctimas sean oídas. El anuncio corresponde a medidas e iniciativas legislativas, cuya presentación no equivale por sí sola a una modificación de la ley vigente.
La conversación en Conexión Guayacán puso el foco en la necesidad de explicar cómo funciona el sistema y distinguir entre los requisitos legales, las decisiones judiciales y las responsabilidades políticas.
Revisa la entrevista completa en las plataformas de Conexión Guayacán y conoce el análisis de Raúl Castillo sobre las rebajas de condena en Chile.
