Más de 70 mil empleos en riesgo, una caída abrupta en la inversión en capital humano y el posible cierre de hasta 2.000 organismos de capacitación marcan el impacto de una medida que amenaza el desarrollo laboral y productivo del país
La posible eliminación de la Franquicia Tributaria de Capacitación, administrada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), no es solo un ajuste técnico: es una decisión con efectos profundos en el empleo, la economía y la competitividad de Chile.
Este instrumento, vigente desde la Ley N°19.518, ha sido el principal motor de inversión privada en capacitación laboral durante décadas. Solo en la actualidad, permite formar a más de 524 mil trabajadores al año y moviliza entre $150 mil y $200 mil millones en inversión empresarial en capital humano.
Un impacto directo en el empleo
Eliminar este sistema implicaría un golpe inmediato a la estructura laboral ligada a la capacitación. Las cifras son claras: entre 14 mil y 18 mil empleos directos podrían desaparecer en organismos de capacitación (OTEC y OTIC), junto a otros 40 mil a 50 mil empleos indirectos.
A esto se suman hasta 65 mil relatores que hoy dependen de esta actividad. No se trata solo de números: es una red laboral completa que incluye transporte, servicios tecnológicos, arriendo de espacios y proveedores, con entre 4 mil y 7 mil empresas involucradas.
Riesgo para el desarrollo regional
El impacto no sería uniforme. Regiones como Biobío, Maule, Araucanía, Los Lagos y Valparaíso podrían ver debilitado su tejido productivo, especialmente en sectores donde la capacitación es clave para sostener la empleabilidad.
Actualmente, entre 18 mil y 22 mil empresas utilizan este beneficio para mejorar su productividad. Sin este incentivo, se proyecta el cierre de hasta 2.000 OTEC y una fuerte reducción en la inversión en formación laboral.
Además, se vería afectado el sistema de calidad basado en la norma chilena NCh2728, que garantiza estándares en la ejecución de capacitación. Su debilitamiento podría generar un retroceso en la certificación y calidad del capital humano.
Cumplimiento normativo en jaque
La franquicia no solo financia capacitación técnica. También permite a las empresas cumplir con exigencias legales clave, como la Ley de Inclusión Laboral y la Ley Karin, además de normativas en prevención de riesgos, equidad de género y ambientes laborales seguros.
Sin este soporte, muchas empresas podrían ver dificultado el cumplimiento de estándares laborales y certificaciones internacionales, afectando incluso su competitividad en mercados globales.
Un motor económico silencioso
Más allá del empleo, la franquicia sostiene una cadena económica relevante. Financia más de 80 mil acciones de capacitación al año y permite cerca de 45 mil certificaciones laborales a través de ChileValora.
Su eliminación no solo reduciría la formación de trabajadores, sino que frenaría un ecosistema completo que hoy impulsa la productividad, la innovación y el crecimiento regional.
Una decisión de alto impacto estructural
Los datos apuntan a una conclusión contundente: eliminar la Franquicia Tributaria de Capacitación no es neutro. Implica arriesgar más de 70 mil empleos, debilitar la formación laboral de más de medio millón de trabajadores al año y desarticular una red clave para el desarrollo productivo del país.
El debate, por tanto, no solo debe centrarse en el costo fiscal, sino en el valor estratégico de la capacitación como pilar del crecimiento, la empleabilidad y la competitividad de Chile.
